El acuerdo
salió adelante con la única abstención de la concejala del PP en una sesión
celebrada este miércoles tras la que los vecinos anunciaron que podrían volver
a recurrir en los tribunales el acuerdo municipal.
Según su versión, el Ayuntamiento,
también propietario de parte del terreno, habría pedido un crédito para las
obras de urbanización que ahora tendría dificultades para devolver. La Agencia
Ejecutiva encargada de cobrar las deudas habría advertido con sacar a subasta
los terrenos para saldar las cargas.
La única
salida que ven posible los afectados, dada la inviabilidad del proyecto inicial
que costó casi tres millones de euros, sería la redacción de un nuevo plan de
urbanístico por parte del Ayuntamiento.
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