ATENCIÓN SANITARIA RURAL

Editorial de Diario de Noticias

Los gestores de Salud tratan de imponer una nueva reforma de atención primaria y de urgencias, rechazada ya por los profesionales, y buscan crear ciudadanos de primera y segunda según vivan en la ciudad o en zonas rurales.

     El mismo día que el Gobierno de Navarra hacía pública su intención de endosar la gestión del pozo sin fondo en que se ha convertido el Circuito de Los Arcos -uno de los  iconos de la política de despilfarro del dinero público que ha llevado a cabo UPN desde el Gobierno- a la iniciativa privada, el departamento de Salud filtraba un informe sobre la atención sanitaria en el medio rural de Navarra con el interesado enfoque de su desorbitado coste en comparación con los núcleos urbanos.

      La visión mezquina de Salud sobre la realidad social y territorial de las zonas rurales evidencia una concepción mercantil y utilitarista de los recursos públicos y constata una diferenciación, desde ese egoísta punto de vista, de ciudadanos de primera y de segunda. ¿Plantea acaso reducir la atención de esas personas que viven en los pueblos y comarcas de Navarra para ahorrar? ¿No pagan o han pagado esos navarros y navarras sus impuestos como contribuyentes igual que los ciudadanos urbanos? ¿Prefiere la desertización del espacio rural para aglutinar a la población sólo en núcleos urbanos?

     Es una perogrullada airear que el coste de la atención sanitaria es mayor en los medios rurales que en las ciudades, como lo es la atención educativa, el acceso al agua o a la electricidad. O como lo son también las prestaciones públicas de salud o atención social de las personas mayores que de otros segmentos de la sociedad. Pero es una maldad política remarcar esa realidad en el marco de un debate en que los gestores de Salud intentar imponer una nueva reforma de la Atención Primaria y de Urgencias -que ya ha generado el mismo rechazo entre los profesionales y los municipios afectados que el anterior-, acentuando una especie de culpa entre quienes viven en los espacios rurales.

     Y lo peor es que hay también un trasfondo ideológico, que parte del convencimiento de que los derechos sociales son un lastre y que la atención pública a los más necesitados es una cosa del pasado que hay que sustituir por la vieja caridad y beneficencia. Es una realidad que hay diferentes modelos políticos, y que UPN está cada vez más lejos del que defiende la convivencia social, la igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza. Como lo está de la defensa de un modelo de desarrollo socioeconómico que garantice el necesario equilibrio territorial como garantía de conservar el espacio rural humano y de frenar el grave riesgo de despoblación y envejecimiento.