lunes, 24 de octubre de 2016

LOS JUICIOS POLÍTICOS DEL FRANQUISMO EN OLITE

Franco en la Plaza de Olite, camino del Castillo
El Archivo de Navarra ha volcado en internet 1.538 sentencias del Tribunal franquista que condenó a significativos republicanos navarros, entre ellos una docena de vecinos de Olite/Erriberri sometidos a juicios sumarísimos de responsabilidad política realizados en 1940 sin acusación contrastada ni posible defensa, con jueces militares e incluso contra víctimas multadas y desterradas cuatro años después de ser asesinadas y arrojadas a las cunetas. La mayoría son condenatorias, que afectan a alcaldes, concejales, funcionarios públicos o sindicalistas, con acusaciones tan variopintas como promover la fundación de la UGT olitense, aplicar una legislación laica en las escuelas municipales o simpatizar con partidos de izquierdas o nacionalistas.
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            Las sentencias liberadas por el Gobierno de Navarra se pueden descargar íntegras y pertenecen, al menos en el caso de Olite, a un mismo tribunal regional del que forman parte Eladio Carnicero, Joaquín Ochoa de Olza y Leocadio Tamara, que generalmente hace de ponente en sentencias que se dictan entre los meses de mayo y noviembre de 1940, un año después de acabada la guerra.
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        Comienzan con la identificación del acusado, nombre, profesión, solvencia económica.... y, a continuación, señala el “resultado” de la inculpación con datos bastante generales, algunos imprecisos, obtenidos posiblemente de delaciones y hasta erróneos cuando, por ejemplo, dice del alcalde Carlos Escudero Cerdán que era socialista cuando su filiación era de Acción Republicana. Los “considerandos” son similares en todos, mientras que el fallo varía en función de distintos parámetros que condenan o eximen a los acusados, normalmente imponen una severa multa y dictan órdenes de destierro aún cuando el protagonista ya está muerto.
            Llama la atención por su dureza la sentencia contra Salvador Eraso Azcárate, un anciano de 79 años, concejal republicano y uno de los primeros asesinados en julio del 36 cerca del cementerio de Tafalla. “Durante el dominio del Frente Popular” se distinguió “por sus ideas extremistas y disolventes”, hizo campaña para que los jóvenes se afiliaran al Socorro Rojo de auxilio a obreros encarcelados y, entre otras, fue “enemigo acérrimo de los principios generadores del Glorioso Alzamiento Nacional”. A pesar de su fusilamiento, el ponente escribe que huyó y que está en paradero desconocido. Tasa su fortuna en 59.350 pesetas y le pone una multa de 15.000, mientras le sanciona con un destierro a 200 kilómetros de Olite.
            Otros fuertemente castigados son dos de los alcaldes del periodo republicano, de 1931 a 1936. Al socialista Juan García Lacalle le imputa fundar la UGT y presidirla. También lo da por desparecido, aunque había sido asesinado en Falces. Consigna que “es soltero pero tiene a su cargo una cuñada viuda y tres sobrinos”, valora su patrimonio en 32.000 pesetas, le condena a pagar 5.000 y le inhabilita de cargo público para cuatro años, ocho meses y un día.
            A Carlos Escudero Cerdán, alcalde hasta 1933 que había proclamado la República y estaba mal enterrado en una cuneta de Enériz desde noviembre del 36, le recuerda que en su mandato fueron multados derechistas que se manifestaron contra la retirada de crucifijos de las escuelas, que había ordenado el Gobierno. Casado, sin hijos, de 62 años, tenía un patrimonio de 26.160 pesetas, se le multaba con 5.000 y desterraba a 150 kilómetros de Olite por ocho años.
            Aunque en las sentencias se juzga, generalmente, a un individuo, en la que se emite el 30 de noviembre de 1940 los protagonistas son tres miembros de la familia Chivite-Fernández, a los que ya se les había fusilado a uno de los componentes, Agustín. Los jueces franquistas absuelven primero a la madre, Victorina Fernández Jiménez, viuda de 75 años y natural de Cintruénigo, a la que no encuentran otra actividad que “haber emitido su voto en pro de candidaturas izquierdistas”.
       Condenan, no obstante, a sus otros dos hijos, que estaban huidos después del golpe de Mola en Navarra. Tomás Chivite, que acabó exiliado en Chile, fue primer teniente de alcalde y destacado sindicalista de UGT. Tras llegar a Catalunya, sirvió en las milicias republicanas y, señala la sentencia, “debió tener algún cargo de importancia en alguna checa de Barcelona”. A su hermano Sebastián, que murió exiliado en Burdeos, también le acusa de escaparse “al campo rojo donde obtuvo grado de oficial y más tarde de comandante del Ejército rojo”. Para los dos el castigo es de 500 pesetas de multa y un destierro a 250 kilómetros del pueblo durante diez años.
            El tribunal regional también juzga el expediente contra el concejal socialista Francisco Lacasta Catalán, que fue miembro de la dirección local de UGT y que había desaparecido. Su fortuna estaba valorada en 1.100 pesetas y se fija una multa de 250 y un destierro a 100 kilómetros durante cuatro años.
            Además de los corporativos del Ayuntamiento, especialmente reprimidos en Olite con porcentajes por encima de la media navarra, los funcionarios públicos fueron otro cuerpo perseguido. Es el caso del caminero Benito García Calvo, funcionario de la Diputación asesinado, que la sentencia retrata como “entusiasta de Azaña, a uno de cuyos mítines intentó marcharse juntamente con otros compañeros, siendo detenida la camioneta donde hacían el viaje”. Estaba casado, tenía tres hijos, uno de ellos también fusilado, y sus bienes sumaban 7.830 pesetas, por lo que se le impuso multa de 150. A Félix Arrieta Domínguez, sereno que sobrevivió de milagro a  un intento de fusilamiento, le acusan de abusar de su cargo para intimidar “a las personas de derechas”. Calculan sus bienes en 1.500 pesetas y le imponen el pago de 100.
            Los sindicalistas forman otro grupo de expedientados. Julián Azcárate Domínguez, que pertenecía al Socorro Rojo y la UGT, fue sancionado con 2.000 pesetas, y su hermano Cesáreo, “elemento destacado y peligroso” que ya había estado en la cárcel por “delito de rebelión militar” y “no cumplía sus deberes religiosos”, tuvo que pagar 300 pesetas de multa. Ambos ya habían sido fusilados en la sierra de El Perdón junto a otros 11 vecinos encarcelados en Pamplona tras el golpe militar.
            Entre tanto sarcasmo y condenas a multas y destierros a gente que ya estaba e la fosa desde hacía años, alguna de las sentencias son más benévolas y absuelven a los acusados. Ocurre esto con la única mujer que aparece en los papeles, Luisa Azcárate Domínguez, hermana de los dos anteriores, a la que inculpan de ser “simpatizante con la UGT”, aunque “no se ha probado estuviera afiliada” al sindicato ni a otras organizaciones “ni tampoco consta actuación contraria al Glorioso Movimiento Nacional”, por lo que le perdonan “de los hechos que se imputan en este expediente”.
            Otros que consiguen la gracia, los menos, son antiguos simpatizantes de  izquierdas que llegada la sublevación se suman al bando contrario, a los tercios de requetés o banderas de falange. VR, por ejemplo, “izquierdista sin que conste afiliado a ningún partido”, se alistó con los carlistas y fue herido y dado de baja por inútil, por lo que es absuelto. El pitillés JC, afiliado a la UGT, se enroló con su hijo en las milicias de Falange. El tribunal lo absuelve y dicta que se notifique a sus herederos para que puedan recobrar los bienes que tenían embargados.
            También aparece otro pitillés, Jesús Ayundez Oneca, que cuando escuchó el bando que proclamaba el estado de guerra de julio del 36 “contestó vitoreando a la República” y huyó a San Sebastián. A este sí le castigan a pagar 250 pesetas y le imponen un destierro a 150 kilómetros de Olite.


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