Republicanos en la Plaza de Olite |
El grupo por la Memoria de Olite/Erriberri organizó recientemente
un acto de homenaje a los 51 republicanos
del pueblo muertos en 1936. Aquellas desapariciones terribles no fueron la
única forma de hacer borrón y cuenta nueva. En cuanto tomó las riendas del poder,
el nuevo Ayuntamiento echó a los ediles republicanos (seis, entre ellos dos
alcaldes, fueron asesinados) y se dedicó
a despedir a, al menos, once funcionarios “desafectos”, a “limpiar” maestros, alguaciles, pregoneros,
serenos, guardas de campo o enterradores
del cementerio, que perdieron el empleo, y la vida en algunos casos, sin
prácticamente opción a la defensa ni ningún tipo de compensación. Todavía hoy no
se ha reconocido el atropello. Tampoco reparado el honor de aquellos
trabajadores municipales.
Doce días
después de que los militares se sublevaran, el ayuntamiento “interino” de Olite
se reunió el 30 de julio de 1936 para tratar del gobierno municipal y, en el
orden del día, ya incluyó la destitución de algunos alguaciles, “que por su
conducta no pueden ser merecedores de la confianza del alcalde, concejales y
vecindario”, ya que habían estado afiliados a sindicatos “de carácter
marxista”, según recoge el acta de la sesión. Este argumento, así como “haber votado a los nacionalistas”, fue
suficiente para mancillar el nombre de los funcionarios.
Así que el
consistorio acordó en aquella sesión despedir y dejar sin sueldo a los
alguaciles Inocencio Remírez Moreno, Francisco Gabari Viela y Julio Jarauta Pérez; a los serenos Hilario Garbayo Fernández,
Félix Arrieta Domínguez y Braulio Gurrea Armendáriz; y a los guardas de campo
Prisciliano Suescun Gorri y Teófilo Santesteban Armendáriz. También cesó al
sepulturero del cementerio Félix Garde Moreno, que además hacía la limpieza de
los lavaderos y abrevaderos municipales. Gabari y Garde, por ejemplo, fueron
fusilados después.
Niños de la época con el maestro Tabernero |
Sin
transcurrir un mes, en sesión extraordinaria del 24 de agosto, el Ayuntamiento
abordó la desaparición de dos maestros de la plantilla de la escuela municipal.
La Junta Superior de Educación de Navarra había decidido que iba a reducir a la
mitad las aulas del curso que comenzaba el 1 de septiembre en Olite. Reclamaba
al Alcalde que, por tanto, le contara cuántas “bajas” de maestros tenía
contabilizadas aquel sangriento verano del 36.
El Pleno
comunicó que el docente Juan Barásoain Armendáriz, de 26 años y natural en
Uterga, no se iba a presentar porque había sido detenido en un pueblo en el que
estaba de vacaciones y apresado en el fuerte San Cristóbal, en Pamplona.
Barásoin, de convicciones republicanas y progresistas, fue asesinado después, en
noviembre. En cuanto a la maestra de niñas Mª Carmen Sánchez López, el consistorio
había recibido noticias de que su padre, desde Santander, había escrito al
casero donde se hospedaba en Olite para comunicarle que tras estallar la guerra
había perdido contacto con su hija, por lo que el Ayuntamiento informó a la
Junta de Educación que tampoco contara con esta profesora.
El 25 de noviembre
el Ayuntamiento volvió ha reunirse en sesión extraordinaria para resolver definitivamente
los expedientes de expulsión de los trabajadores purgados. Se repitieron excusas
como que los funcionarios pertenecían a sindicatos de clase o que eran
simpatizantes del Frente Popular. “Siempre ha emitido el sufragio para las
izquierdas o los nacionalistas vascos”, argumentaron, por ejemplo, para echar a
un guarda de campo que llevaba 31 años de servicio y estaba a punto de
jubilarse antes de dejarlo sin sustento.
Visita de Franco a Olite |
Algunos empleados
ingenuos intentaron responder a las acusaciones de desprestigio y presentaron
alegaciones, como un escrito avalado por seis dueños de bares que certificaban
que “no han visto ni una sola vez” en sus tabernas al funcionario apartado. No
sirvió de nada. También hubo quien llevó recibos que atestiguaban su católica
contribución al “culto y clero” de iglesia de San Pedro, pero el Pleno interpretó
que las pruebas “no desvirtuaban los hechos para la suspensión” del empleo ya
dictada. “Era necesario hacer una limpieza destituyendo a los empleados del Ayuntamiento
por ser todos partidarios de las izquierdas...”, sentenció tajante el documento
justificativo.
Todavía el
15 de diciembre, el guarda Teófilo Santesteban y el pregonero Julio Jarauta no
perdían la esperanza y se dirigían al Ayuntamiento en defensa de sus puestos.
Entablaron así un recurso de reposición contra el acuerdo que los cesó, porque
“no se había probado ninguna de la acusaciones” lanzadas contra ellos, a lo que
el Ayuntamiento franquista respondió como la pelota que rebota de la pared del
frontón, que se ratifica en los despidos.
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