La historia es caprichosa y sabia. Nos enseña que tras la revolución de Asturias de 1934 muchos concejales, por ejemplo todos los del ayuntamiento de Olite, fueron ilegalizados por unos hechos lejanos de los que no tenían responsabilidad, como así fallaron después los tribunales que los restituyeron. El partido que impulsó aquella revuelta, salvando hoy muchísimo las distancias ideológicas, gobierna ahora España.
Los jueces y Zapatero han decidido impugnar todas las listas de Bildu y algunas agrupaciones electorales, como la de Falces, después de que la policía haya espiado conversaciones telefónicas y correos de los impulsores de la coalición, una actuación que recuerda la caza de brujas del macartismo estadounidense. Han cedido a las presiones del PP de Rajoy, que había amenazado a los socialistas con romper el Gobierno que mantienen ambos en la comunidad autónoma vasca.
Se trata, por tanto, de una actuación electoral ramplona que se interpreta mejor desde la centralidad del Estado, en un momento político en el que el paro (próximamente 5 millones de desempleados) desgasta a un PSOE sin líder que no puede perder votos con veleidades negociadoras.
Nada importa que cada candidato de Bildu haya rechazado la violencia por escrito e individualmente ni que la propia izquierda abertzale se haya plantado ante ETA. Todo el mundo debería que tener derecho a presentarse a las urnas, que son el único filtro que cabe en un sistema de verdad democrático.
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