Represión primero física y, después, económica, expolio de bienes incautados, retención de capitales o sentencias “post mortem”, todo eso y mucho más se almacena en altas pilas de expedientes que conserva el Centro Documental de la Memoria Histórica que mantiene el Gobierno central en Salamanca
Hace unos meses la prensa publicó que el archivo charro ponía a disposición de las familias miles de documentos relacionados con las víctimas de la Guerra Civil y los represaliados del Franquismo. Y, además, facilitaba su acceso por internet, de manera que con solo introducir el nombre de la víctima en un buscador (http://pares.mcu.es/victimas) aparecían los documentos que hacían referencia a la persona demandada.
Más lenta que la solicitud hecha por la red resultó la llegada del expediente. Primero un funcionario llamó al solicitante y después, en un plazo aproximado de cinco meses, el familiar tuvo que pagar una tasas. Empero, la espera mereció la pena.
En el caso de Carlos Escudero Cerdán, el sumario remitido descubrió que el alcalde de Olite fue juzgado el 7 de agosto de 1940 por el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Navarra que habían creado los sublevados y presidían en ese momento los jueces Eladio Carnicero, Leocadio Tamara y Joaquín Ochoa de Olza.
El Tribunal franquista señalaba a Escudero “como responsable político” republicano y le condenaba a “la sanción de destierro a ciento cincuenta kilómetros de Olite por tiempo de ocho años, ocho meses y un día”, pese a que todos en el pueblo sabían perfectamente cómo había sido “paseado“ en los primeros meses del golpe de estado.
La crueldad de los magistrados también se cebaba en lo económico. El alcalde había sido labrador y el tribunal, fríamente, calculaba que su fortuna era de 25.100 pesetas. Así que decidió imponerle una multa severa, de 5.000 pesetas, “en concepto de indemnización de perjuicios”. Una cantidad importante para la época. Hay quien calcula que cada peseta de entonces equivaldría hoy a cinco euros.
La sanción económica solía, además, llevar acarreada la retención de los bienes, así que los familiares tampoco podían vender las pertenecías y quedaban atados de pies y manos hasta no saldar la deuda. La multa impuesta a Escudero era muy relevante si la comparamos con otras instruidas a personajes conocidos. Por ejemplo, la endosada a la viuda de Blas Infante, padre de la patria andaluza fusilado en agosto de 1936, fue de 2.000 pesetas, 3.000 mil menos que la del alcalde navarro.
En cuanto a los cargos que los jueces de Pamplona imputaban al mandatario municipal, en el expediente señalan que fue “defensor destacado” de la ideas republicanas “hasta el punto de intentar fundar” en el pueblo una sociedad de este matiz. Resaltan su pensamiento progresista y laico, que chocó con el tradicionalismo local en, por ejemplo, el cumplimiento de la orden de retirada de crucifijos de las escuelas públicas.
En el argumento de la condena, el tribunal enmascara la desaparición física del edil al asegurar que “iniciado el Movimiento patriótico huyó de la localidad sin que en la actualidad se conozca su paradero”, cuando la verdad era que tras eludir en Olite un primer intento de arresto, se refugió en Garínoain, pueblo de su mujer, Corpus Goñi Pardo, a pesar de lo cual no pudo evitar que varios pistoleros lo detuvieran y fusilaran en la cercana Enériz.
La sentencia también guarda otras inexactitudes, como que el alcalde pertenecía a una organización sindical socialista. Sin embargo, la documentación hallada en el archivo municipal y las actas electorales de la época determinan que era militante de Acción Republicana, después Izquierda Republicana, el partido del presidente Manuel Azaña, que en Olite, eso sí, se presentó coaligado con militantes de la UGT y que en los comicios municipales de 1931 consiguieron mayoría absoluta con siete de los diez concejales en liza.
Según ha publicado recientemente el periódico de tirada estatal “Público”, el caso del alcalde de Olite no es único e incluso, en Cataluña y Andalucía, se han creado ya asociaciones de familiares perjudicados por las incautaciones franquistas o que han reclamado al Estado la anulación de las condenas, como la del presidente de la Generalitat Lluís Companys, y la devolución de los bienes usurpados. Sólo en Andalucía se han contabilizado 53.000 expedientes de expolios.
Las asociaciones critican que en la Transición los partidos y sindicatos pactaron la devolución de los bienes incautados por la Dictadura, pero que, sin embargo, los particulares pagaron el peaje del olvido. Solo en 1941 los tribunales españoles incoaron casi 125.000 expedientes de apropiación de bienes. Más de 200.000 familias sufrieron la investigación, retención o expolio en un Estado que, entonces, solo contaba con 26 millones de habitantes.
La represión económica se cebó, sobre todo, con personalidades políticas. Con más saña cuanto más destacado había sido su papel en el régimen republicano. Manuel Azaña, por ejemplo, se enfrentó a una multa astronómica de 100 millones de pesetas. Especialmente cruel fue la persecución de los alcaldes.
“Se trataba de infundir terror en la población. De ejercer un castigo ejemplar y de anular cualquier disidencia, aunque estuviera ya enterrada en una cuneta”, comenta el funcionario que por teléfono se presta a enviar fotocopiado el expediente que demanda el familiar incrédulo y que recupera un cachito importante de su pasado en un sobre certificado que le llegará de Salamanca.
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